El Derecho de Acceso a la información se constituye como uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho, a través del mismo se dota a la población de la posibilidad de involucrarse y fiscalizar las actuaciones de los gobernantes.
Siendo la función pública un mandato directo del soberano, en el que los funcionarios actúan como mandatarios y no como mandantes, resulta necesario ejercitar medios de control adecuados que permitan saber entre otras cosas en qué, para qué, quién y cómo son utilizados los recursos públicos y cuál es la justificación del actuar gubernamental.
Por lo tanto, ningún funcionario público podrá negar información a la población que los requiera.
